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“Nos parece importante que la justicia revea el fallo, nos parece importante también que se den los apoyos necesarios para que estas muchachas puedan superar estas situaciones, y que demos la forma de que esto no pase más, porque eso es lo importante”, dijo Jaurena, respecto al caso de explotación sexual comercial de adolescentes que sacudió al país en diciembre de 2013.

Agregó que “tiene que haber además una condena social a este tipo de situaciones y la denuncia correspondiente”.

Las 25 organizaciones que convocaron a la manifestación del próximo viernes 20 en el centro de Montevideo, publicaron estos días una copia de una presentación que realizaron ante la fiscalía letrada nacional en lo Penal de 1er. turno.

Bajo el título "’No sabía que era menor’. Rechazamos fallo sobre caso de explotación sexual”, estas organizaciones se manifiestan contra un fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º turno, que “revocó el procesamiento con prisión de un empresario”, según informó el mismo Poder Judicial.

La página oficial del Poder Judicial hizo un resumen y colgó la sentencia del tribunal de alzada, donde dice que al empresario “le fue imputado un delito de ‘retribución (...) a personas menores de edad (...) para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo’ por parte del juez letrado de 1º instancia de Cerro Largo, de 1º turno”.

Jaurena argumentó en FM Gente que “si la justicia falla en contra, la próxima vez que suceda una situación similar, primero no se denuncia porque se pierde credibilidad y la gente se piensa que no tiene sentido denunciar porque en realidad no pasa nada, y esto no es así, hay que denunciarlo”.

“Por otro lado se termina naturalizando una situación en la que muchas veces se justifica que un adulto abuse de una menor; es importante no generar un precedente de este tipo y que la justicia y el Estado respalden a estas muchachas y condenen esta actitud que realmente es deplorable”, agregó.

EL ESTADO, EL GOBIERNO

Jaurena dijo que la fecha elegida para manifestarse ante la sede del Poder Judicial fue negociada entre todos los convocantes, y que no existe hasta el momento una previsión de que quienes vayan desde Maldonado lo hagan juntos o se concentren en algún lugar determinado.

“Nos parece que las organizaciones de mujeres debemos estar en ese lugar respaldando este petitorio, y nosotras, como mujeres políticas también deberíamos estar porque más allá que somos parte, en el caso nuestro del gobierno, tenemos que condenar”, dijo, pasando por alto el sistema republicano que ubica tres poderes independientes. El gobierno realiza la gestión del Poder Ejecutivo, pero no debería tener injerencia sobre el Poder Judicial.

Agregó algo que repitió varias veces en su larga exposición que “no es este el modelo de sociedad que nosotros estamos planteándonos, este tipo de cosas se repite y tenemos que terminar con esto, y nosotras no podemos quedarnos calladas frente a este tipo de injusticias”.

CONCEPTOS EQUIVOCADOS

Jaurena opinó que “el tema es que aquí hay cosas que se terminan naturalizando y se termina justificando una situación a partir de conceptos que son equivocados y contra los que tenemos que ir”.

“No podemos argumentar que en realidad la muchacha tenía 15 y pensó que tenia 18, o que fue la que provocó, son menores, el adulto es el responsable, y lo que está cometiendo es un ilícito”, sentenció.

El Poder Judicial explicó en su portal de Internet que “en los considerandos de la sentencia se expresa que el empresario no sabía que la joven con la cual se relacionó era menor de edad”.

“Cuando le preguntó al respecto, la adolescente mintió, diciéndole que tenía 18 años y, además, que tenía una hija”, agregó.

Concluyó que “esto prueba la preocupación del hombre para no involucrarse sexualmente con una menor a quién pagaría sus servicios; se recuerda en la sentencia que la relación sexual por dinero ‘no es delito en nuestro país’", señaló.

“No se entiende que además se termine condenando a la menor y no a la persona que comete el ilícito”, dijo Jaurena, desconociendo lo apuntado por el Poder Judicial de que la relación sexual por dinero “no es un delito en nuestro país”.

La curul oficialista concluyó que “esto se ha repetido, nosotros tenemos que hacer visible esta situación, tiene que haber una condena pública, la sociedad tiene que saberlo, y la justicia tiene que fallar de otra manera y sancionar en realidad al abusador y no condenar a la que fue abusada”.