La directora de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado, María del Carmen Salazar, reafirmó que continuará la demanda iniciada contra la empresa Ramón Álvarez (Consorcio Ecológico) por incumplimiento del contrato de recolección de residuos en el anterior período de gobierno y por los “daños” que causó al presentar “permanentes recursos” para entorpecer la tarea de la administración.
Un Tribunal de Apelaciones de Montevideo dio la razón a la Intendencia y revocó el fallo civil que, en abril de 2013, había dado por nula la respuesta de la comuna a una demanda de Ramón C. Álvarez y una contrademanda que, al mismo tiempo, la administración departamental había presentado contra la empresa.
Para la directora de Asuntos Legales este fallo del Tribunal de Apelaciones es “definitivo” y “no corresponde” que la empresa interponga, en última instancia, un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Por ese motivo este miércoles confirmó que la comuna seguirá adelante con la contrademanda que había presentado el mismo día que respondió a la demanda civil iniciada por Ramón C. Álvarez.
“Lo que hay es una sentencia definitiva del Tribunal de Apelaciones, por lo cual la intendencia contestó bien y corresponde la contrademanda (reconvención)”, sostuvo la jerarca, quien reivindicó de esta forma la correcta actuación de los abogados comunales.
Salazar enfatizó que contrademandaron a Ramón C.Álvarez por los daños que causó a la Intendencia no sólo incumpliendo las condiciones del contrato de recolección en la pasada administración sino también por interponer recursos que fueron desestimados con el sólo fin de “entorpecer” el trabajo de al administración departamental.
La abogada subrayó que la “razón” de la administración al interponer un recurso de nulidad contra el fallo de la justicia civil fue “clarísima” al punto que el Tribunal de Apelaciones dictó su sentencia por “decisión anticipada”, lo que implica que los ministros no necesitaron hacer un estudio más profundo del caso antes de expedirse.
“Recién ahora nos metemos de lleno en el juicio por daños y perjuicios y además estamos demandando a Ramón C.álvarez”, remarcó.
“Mientras recogieron la basura hubo incumplimientos que generaron gastos extras por parte de la IDM” y además la empresa “tuvo la actitud de enlentecer procedimientos a raíz de todos los recursos que presentaron”. Según Salazar, el Tocaf habilita a que la empresa se responsabilice por esos actos.
Ahora la IDM reclama una indemnización por esos daños, cuyo monto se determinará “en un futuro”.