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Durante la anterior administración, en Maldonado se encargaron dos trabajos diferentes para la construcción de dotaciones de elementos eléctricos, Uno era en Piriápolis, tramitado mediante una licitación, y el otro en Cerro Pelado. Sin embargo, resultó que los fondos que estaban destinados a ser usados en la zona oeste del departamento iban a terminar siendo empleados para pagar los trabajos en Cerro Pelado, según se informó.

La empresa pretendía cobrar seis millones de pesos, con reajustes, al gobierno departamental pero no se hizo el pago y se presentaron entonces dos denuncias, una en la órbita Penal y otra en la Civil. La Intendencia obtuvo en un fallo en contra en la demanda civil, en primera instancia, pero apeló y un Tribunal le dio la razón.

Graziuso dijo a FM GENTE que el caso “es extraño. Es delictivo, a nuestro entender. Hay un tema de falsedad ideológica en una factura que se presenta a la Intedencia para que se abonen unos trabajos de instalaciones eléctricas en lo que se llaman los terrenos de Cerro Pelado Norte”.

Explicó que la factura fue presentada a fines del gobierno anterior, que no la pago “porque no tenía rubros” y queda para la actual administración. Dijo que el tema fue analizado y se entendió, como ahora lo hizo la Justicia en segunda instancia, que hay “una falsedad ideológica. La empresa pone que hay que pagarle por tal licitación y esa licitación no corresponde a esos trabajos… Esa licitación correspondía a Piriápolis”.

“Incluso es licitación la había ganado otra empresa. Acá en Maldonado no había habido licitación. Era sólo unos cometimientos de obras de electricidad. Se quiere cobrar un trabajo, por disposición de anteriores jerarcas, con el dinero que estaba destinad a otra obra. Y eso no se puede realizar en un gobierno ordenado”, destacó.

La jerarca indicó que se estaba usando el dinero “que había dado el BID para una obra en Piriápolis para otra cosa que no tenía nada que ver… Como la IDM no tenía fondos, manoteó del otro lado en la anterior administración”.

Por tanto, destacó que el Tribunal de Apelaciones “entiende que esto es na falsedad ideológica y que no se pueden obligar a la IDM a abonar esos trabajos”. Agregó que se entiende que esto “es un delito. Había sido denunciado en su oportunidad. Esto sigue los carriles penales”.

Expresó que la denuncia penal incluye a los funcionarios que “autorizaron esa factura, en su momento”.

Graziuso afirmó que la IDM no tendrá que pagar esos seis millones de pesos a la empresa, que se los tendrá que reclamar “a quienes se lo autorizaron fuera de las vías legales o administrativas correspondientes”.