El presidente de la Unión de Comerciantes Minoristas, Óscar Butto, aclaró los puntos respecto a la gestión de jornales para la Intendencia de Maldonado, puesta en tela de juicio por el edil blanco Alejandro Lussich. El comerciante aseguró que la gremial queda con apenas $ 20 mil en caja al cabo de una gestión que, en contrapartida, le genera muchos riesgos. “En ese afán de chisporroteo político, (Lussich) involucró a la Unión y dolió a todo el colectivo”, lamentó.
El herrerista acusó a ambos organismos de “maniobrar” para contratar personal evadiendo los procedimientos del sistema público y con fines clientelistas. Butto dijo este martes, en FM Gente, que todo eso se habría evitado si Lussich llamaba o pedía informes a la gremial. Acto seguido deslindó toda responsabilidad de la Unión de Comerciantes en el manejo de dinero y explicó cómo se sustancia este contrato con la Intendencia de Maldonado para liquidar los salarios de 175 jornaleros.
Butto defendió la “idoneidad” y transparencia de la Unión de Comerciantes Minoristas para esta tarea, que fue avalada en asamblea y no una decisión particular de la directiva. Recordó que la institución lleva 17 años realizando este tipo de trámites de gestoría y que, por contrato con la comuna, no maneja dinero ni tiene potestades para controlar a los trabajadores.
“Nos presentamos al llamado y ganamos por el menor precio: 4.70% impuestos incluidos. Como el IVA es un costo, no una ganancia, la comisión por gestionar queda en 3.86%. No manejamos dinero, no contratamos, no vamos a las obras. Lo que hacemos es generar la nómina con los recibos y aportes correspondientes. Somos una gestoría: mandamos los recibos a la intendencia y ésta envía el dinero a Redpagos. Una red de cobranzas no gestiona ni actúa como gestor, por eso cobra 1%”, puntualizó Butto, respecto a la acusación del edil.
“Cuando Lussich alude a la Unión de Comerciantes y habla de un tufillo político, debe tener en cuenta que Hidalgo es un connotado dirigente colorado –que no es el gobierno de turno- y que el contrato de firmó durante su gestión”, subrayó, sin dudas de que las apreciaciones del edil están vinculadas al año electoral. Enfatizó, además, que el contrato abarcará a tres diferentes presidentes con sus respectivos secretarios, ya que las autoridades de la gremial cambian cada dos años.
“Duele. De repente en este afán de chisporroteo político, involucró a la Unión y dolió a todo el colectivo. Lussich podía haber llamado y lo solucionábamos. No hay ningún tufillo por el lado de la Unión de Comerciantes y si tiene problemas con la Intendencia, que lo averigüe allí. Lo que esté al alcance de la Unión se dará, porque es público”.
A modo de ejemplo, el dirigente gremial aseguró que el mes pasado la Unión cobró 120 mil pesos por esa tarea. “De ahí hay que sacar el dinero para pagar los sueldos, más gastos, más el mantenimiento de la sede, capacitación de funcionarios y socios, nos quedan poco más de 20 mil pesos. Y nadie se lleva ese dinero, por eso es una institución sin fines de lucro”, acotó.
De hecho, Butto observó que para una rentabilidad mensual de unos 20 mil pesos él y otros miembros de la directiva corren un alto riesgo. “No es fácil llevar la nómina en la Construcción porque requiere de mucha gente y programas muy exactos, cualquier error que cometa la gremial lo tiene que pagar y es carísimo”. A esto sumó que la nómina de jornaleros está a nombre de la Unión, por lo cual un accidente laboral podría llevar al presidente y vicepresidente a un procesamiento por la Ley de Responsabilidad Empresarial aunque la institución no tiene potestades para vigilar aspectos de seguridad.
“Sólo hacemos la parte administrativa, no nos corresponde controlar absolutamente nada. Ahora, qué garrón nos comemos si nos procesan por una negligencia; por eso recibimos presión de nuestra familia, pero es un desafío que uno asume”, confesó.
De todos modos, el jueves la directiva analizará la situación y evaluará si conviene seguir con este compromiso.
“Nosotros no tenemos que analizar quiénes son los contratados o si hay clientelismo o no. No nos corresponde hacerlo porque tampoco tenemos potestades de contralor ni autoridad moral o técnica para hacer esa observación. Que la hagan los ediles, que tiene los mecanismos para controlar. Cumplimos con todo el Tocaf, todos los requerimientos legales como proveedores del Estado. El TCR observa la administración pública”, indicó.
Butto recordó que no es la primera vez que este tema se utiliza con fines políticos ni la primera vez que sale a explicarlo. “Lo amargo de todo esto es que es una gremial de perfil bajo, que no tiene perfil mediático sobre todo porque los rubros son escasos y hacemos mucho esfuerzo para comunicar lo que hacemos”, concluyó.